Los emisores están colocados en torretas propiedad de Telecom Castilla-La Mancha, S.A., participada en un 45% por el Gobierno de Barreda, un 35% por Teleseñal, S.A., y un 20% por Caja Castilla La Mancha Corporación. El ayuntamiento de Guadalajara solicita información al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y a la Junta de Comunidades sin obtener respuesta. El ayuntamiento de Cabanillas del Campo hace público que no ha autorizado a Telecom CLM a instalar el emisor. Se supone que Toledo tampoco lo ha autorizado.
La senadora Carmen Riolobos (PP) pregunta al ministro Sebastián en el Pleno del Senado del día 18 de enero de 2011 si esos emisores piratas están autorizados por su departamento. La respuesta del Ministro es que no y que se ha requerido a Telecom CLM, es decir al gobierno de Barreda, a que retire los emisores ilegales, se compromete a hacer un nuevo requerimiento y a abrir expediente sancionador. La senadora Riolobos remite un Burofax al presidente castellano-manchego, José Maria Barreada, reclamándole la retirada del emisor pirataen el plazo de 7 días que se cumplieron el 4 de febrero. No se han retirado los emisores.
Finalmente la dirección de Telemadrid se persona en el expediente por considerar que se esta interfiriendo de forma ilegal su señal.
Paralelamente, el gobierno de Castilla-La Mancha viene exigiendo a los ayuntamientos del PP de la región que elimine canales y emisiones no autorizados bajo amenaza de multa de hasta 1.000.000 de euros (pero ni amenaza ni multa a Telecom). El ejemplo más reciente es el de la televisión municipal de Socuéllamos, que con una antigüedad de 14 años fue cerrada por el Gobierno regional mientras tramitaba la licencia de TDT. El Ayuntamiento de Socuéllamos está gobernado por el PP y el candidato del PSOE es un conocido director general de la Junta.
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