Se han cumplido ya los siete días que la senadora del PP, Carmen Riolobos, concedió al presidente regional, José María Barreda, a fin que éste diera las instrucciones oportunas para que se repusiera la señal de Telemadrid en los hogares de Toledo y Guadalajara. Como es obvio, todos sabemos que el plazo seguirá corriendo y la señal, que decenas de miles de telespectadores dejaron de ver el 5 de noviembre, seguirá sin verse, pues si en los políticos la máxima de rectificar es de sabios no existe entre sus lemas, en Barreda además prima aquella de “mantenella e no enmendalla”.
Hemos dicho en alguna ocasión que somos enemigos de judicializar la vida política española, por lo que entendemos que el recurso a los tribunales ha de ser la última vía a seguir para resolver cuestiones estrictamente políticas. Pero hoy estamos ante una de esas pocas ocasiones en que está más que justificado acudir a los tribunales para reponer en su sitio un derecho violado flagrantemente por Barreda y su cohorte de entusiastas torquemadas. Nadie está obligado a ver Telemadrid, pero mucho menos nadie puede obligar a otros a que no lo vean.
Telemadrid es una televisión pública, reglada legalmente, que emite con concesión administrativa y que cumple todos los requisitos técnicos y normativos aplicables a su situación empresarial. Distinto es que algunos pensemos que se debe reformar la ley de televisiones autonómicas para permitir su privatización y así impedir la sangría que suponen a las arcas públicas.
Pero mientras llega esa ley y desaparezcan estas televisiones que solo sirven para mayor gloria de los políticos de turno que gobiernan en cada región, los ciudadanos de Guadalajara y Toledo tienen derecho a decidir si conectan o no con Telemadrid.
Por ello, esperamos que los tribunales acaben con esta situación de inconstitucionalidad y, reponiendo la señal en su sitio, coloquen a Barreda en el suyo: en el de los personajes que más lucharon contra las libertades públicas.
http://www.elheraldodelhenares.es/pag/noticia.php?cual=7839
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