Ello no sólo ha provocado indignación entre muchos vecinos afectados, sino que ha llevado al PP a denunciar en varias ocasiones los fines partidistas del apagón. Y ahora los populares planean subir el tono de sus quejas elevándolas al Congreso, tras hacerlo en las Cortes regionales y en el Senado.
La polémica se suscitó el pasado 8 de noviembre, cuando dicha compañía instaló dos emisoras piratas en sus torretas de Cabanillas del Campo (Guadalajara) y el Cerro de los Palos (Toledo) para neutralizar el canal 63, donde hasta entonces podía verse la cadena pública madrileña.
Los afectados no tardaron en alzar la voz, e incluso se organizaron en la plataforma Vertelemadrid. En su blog (http://vertelemadrid.blogspot.com/), los promotores no dudan en culpar directamente a Barreda de la triquiñuela y le exigen que ponga de inmediato fin "a esta trasnochada censura ideológica y política". También llevan meses dando guerra en Facebook a través del grupo Ver Telemadrid en Guadalajara, que cuenta con más de 2.500 miembros y que en su carta de presentación afirma querer defender la "libertad de información", independientemente de la ideología política de cada uno.
El capítulo más curioso de esta guerra ciudadana y política contra el apagón se vivió el pasado 18 de enero en el Senado. Entonces, la senadora Carmen Riolobos le preguntó al ministro de Industria si el Gobierno central había autorizado a Telecom Castilla-La Mancha a emitir en el canal 63. Miguel Sebastián no sólo negó la mayor, sino que admitió la ilegalidad de las emisiones de dicha empresa pública y desveló que su Ministerio ya había tomado medidas: "Se ha requerido su cese porque se está realizando un uso no autorizado del espacio radioeléctrico. Hasta la fecha no se ha producido el cese de estas emisiones, por lo que en los próximas días vamos a enviar un segundo requerimiento de cese y en caso de que no sea atendido se iniciará el correspondiente proceso sancionador", afirmó.
Pero ha pasado más de un mes desde entonces y no sólo es que no haya vuelto a haber noticias, sino que las pantallas siguen en negro. Es por eso que el diputado por Guadalajara Ramón Aguirre piensa llevar un asunto que considera "propio de la censura pre democrática" al Congreso para que Sebastián aclare si envió ese segundo requerimiento, si se ha iniciado el proceso sancionador prometido o ni lo uno ni lo otro. "Queremos saber si va a permitir, con una actitud pasiva, la piratería que está cometiendo Telecom Castilla-La Mancha bajo el mandato directo del Gobierno regional o si por el contrario va a poner freno a un dominio ilegal", afirmó a este periódico. Todo ello, según él, "en el marco de la coincidencia calculada" de la proximidad de las elecciones.
En los últimas días ha estado de actualidad otra polémica relacionada con la cobertura de una cadena autonómica, en este caso de la catalana TV3. La semana pasada, la entidad Acció Cultural del País Valencià cerró, a instancias del Gobierno de Francisco Camps, los repetidores que gestionaba en la Comunidad Valenciana y gracias a los cuales se podía ver ese canal allí.
Sin embargo, según el PP es un caso muy distinto al de Telemadrid, porque no se trata de una empresa pública que haya neutralizado un canal de ideología contraria. Por contra, según los populares se trata de una entidad privada ligada al nacionalismo -Acció Cultural- que rebotaba de forma "ilegal" la señal de TV3 para que llegara a la Comunidad Valenciana
http://www.elsemanaldigital.com/barreda-desafia-a-industria-y-mantiene-su-veto-a-telemadrid-a-dos-meses-de-las-elecciones-112912.htm
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