Así, la Junta asume un gasto de 9.581.718,94 euros por labores de restauración; 531.289,68 por gastos materiales y de personal; y 269.366,90 por indemnizaciones a agricultores y ganaderos, entre otras partidas. En la relación, la secretaria general técnica de la Junta, Alicia Martínez Rubio adjunta como gastos de la Administración regional facturas no abonadas por el gobierno regional, como las indemnizaciones a los familiares de las víctimas mortales, 3.980.219,4 euros, que fueron pagadas por las compañías aseguradoras, o la reclamación patrimonial reclamada posteriormente por estas familias que aún no está resuelta.
Mientras, el Ministerio de Medio Ambiente abonó dos facturas, una por importe de 3.980.000 euros y otra por importe de 1.000.000. Lo que ocurre es que en la primera de las dos facturas estarían incluidas las labores de “actuación especial para la restauración forestal y medioambiental de zonas incendiadas, así como la emergencia de las obras para la urgente e inmediata reparación de daños producidos por los incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha durante el año 2005”, por lo que se cargan al sumario unos gastos que no se corresponden con la realidad.
Se da la circunstancia que estas labores se adjudicaron de forma directa, verbalmente y sin concurso público, bajo la alegación de situación de emergencia, a la empresa semipública Tragsa, empresa que en aquella época ya tenía encomendadas las labores de mantenimiento de los bosques castellano manchegos. En estas dos facturas, pagadas por el Ministerio de Medio Ambiente, no se hace constar ni zonas restauradas, ni personal utilizado ni medios empleados para estas labores. Además, a pesar de ser unas cuantías más que considerables, están supervisadas por el director del COP y por el técnico de extinción, Antonio Solís y Ángel Vela. Estas dos personas fueron luego imputadas y procesadas por la juez de Sigüenza por su intervención durante el incendio del Ducado. Otras facturas, la mayoría, no cuentan con ningún visto bueno, todo un descontrol.
También es llamativa la factura de 1 de octubre de 2005, por la que se abona a Tragsa, que no olvidemos era la empresa contratada para las labores de extinción de incendios en la región, la suma de 434.292,85 euros por “Trabajos realizados en la extinción del incendio del Rodenal desde el 16-07-2005 al 02-08-2005”. Además de facturarse más de 13.000 horas (sin indicar número de trabajadores empleados en ellas) por importe de 169.321,88 euros, se hace constar que los vehículos desplazados recorrieron “17.222 km” y se minuta por separado el importe del uso de las máquinas bulldozer con el de los maquinistas, cuando estos conceptos han de ir unidos.
En el sumario también aparece que Tragsa fue la beneficiada con facturas de decenas de miles de euros por presunta asistencia técnica para la coordinación en materia de Seguridad y Salud por ejecución de obras, varias de ellas en el Monte de Utilidad Pública 232 de Dehesa de Solanillos. Pero da la casualidad que la UTE Solanillos ya expidió el 12 de diciembre de 2006 otra factura por importe de 50.969,59 euros por otro estudio de seguridad y salud relativo a actuaciones de control de la erosión en ese mismo monte 232. Es decir, se pagaron cientos de millones de pesetas para que una empresa coordinara las labores de Seguridad y Salud (Tragsa) y otra las estudiara (UTE Solanillos).
Avanzando en el desglose de las facturas abonadas por la Junta a lo largo de estos años, llama la atención, según estos expertos, el número de adjudicaciones directas realizadas siempre a las mismas empresas por cuantías más que relevantes.
Así, por un lado, nos encontramos que la Unión Temporal de Empresas constituida entre Agrocaja, Gabinete de Estudios Medioambientales y SAF Ciudad Real, habría cobrado un total de 4.944.477,55 euros por labores de “saca y aprovechamiento de madera y restauración de los terrenos afectados por el incendio del 16 al 21 de julio”. No se dan más datos, ni número de trabajadores incluidos en las labores, ni hectáreas de terreno sobre las que se trabajó, ni metros cúbicos de madera extraída… Nada de nada. Facturas de cientos de miles de euros cada una de ellas con un epígrafe que podría servir para repoblar un jardín de césped como para extraer miles de troncos quemados del bosque. En la página web de esta UTE se pueden ver numerosas fotografías de sus directivos en compañía de José María Barreda.
A estas facturas habría que sumar otros trabajos más encargados a esta misma empresa y denominados “control de plagas de perforadores en masas forestales no afectadas directamente por el incendio del Rodenal de Guadalajara”, que le supusieron a esta UTE por importe de 791.211,05 euros. Es decir, Agrocaja, a veces en solitario y a veces con sus socios de la UTE, obtuvieron a cuenta del incendio de Guadalajara la cantidad de 5.735.688,60 euros, casi mil millones de pesetas.
Otras empresas que también obtuvieron rendimientos económicos por sus actividades en la zona calcinada, fueron Rayet (115.887,87 euros; la UTE del Rodenal (246.143,69 euros); las Matas (588.350,00 euros); y Maderas y Palets (227.566,57 euros), entre otras muchas.
Entre los conceptos más llamativos incluidos en algunas de las facturas, está la minuta de la empresa Pérez Cayuela S., que tiene domicilio social en Molina de Aragón, y que justificó un kilometraje de “588 kilómetros por desplazamiento de maquinaria al incendio”. No hemos de olvidar que la distancia entre Molina de Aragón y la zona del incendio no supera los 50 kilómetros. Pues bien, Pérez Cayuela cobra 2,87 euros por kilómetro, mientras que la empresa Armoti, que llega al Ducado de Medinacelli desde Puebla de Don Rodrigo, en Ciudad Real, solo factura 865 kilómetros y además lo hace al precio de 1,55 euros, sin que conste el porqué de estas diferencias entre unas empresas y otras, lo que indica que no se establecían bases para contrataciones ni se justificaban topes para gastos.
Destacan también las seis facturas correlativas abonadas a la empresa Incendios Cuenca UTE “por gastos extraordinarios de extinción”, todas del mismo día excepto una, y todas por el mismo importe de 11.800 euros. En ninguna de estas facturas se aclara en qué consisten estos gastos extraordinarios de extinción ni porqué se fracciona el pago, como si se pretendiera eludir alguna normativa legal en cuanto a precio máximo de adjudicaciones.
Finalmente, entre otros cientos de facturas, se encuentran tres pagos de 66.000 euros cada uno de ellos al Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, dependiente de Educación y Ciencia, por un estudio mediante técnicas de teledetección del incendio de Guadalajara a partir de imágenes hiperespectrales y que fue firmado… el 4 de septiembre de 2006, más de un año después del incendio.
Pero no solo fueron empresas las beneficiadas de manera más o menos transparente y ajustada a derecho las que sacaron pingües beneficios a cuenta del incendio. Según los expertos que han analizado las facturas que obran en poder de la juez de Sigüenza, se habrían pagado cantidades excesivas a agricultores y ganaderos de la zona por explotaciones agrícolas o ganaderas, en algunos casos por edificaciones sin valor alguno por no tener actividad o encontrarse semiderruidas. Todo ello podría tener, en palabras de estos expertos el fin de acallar voces críticas.
Y es que a estos expertos no le ha pasado inadvertido que los expedientes se tramitaron en apenas nueve días (el plazo para pedir las ayudas empezó el 1 de septiembre de 2005 y todas se resolvieron el 9 de ese mismo mes), y en ese lapso tan breve de tiempo la Administración regional incoó el expediente, comprobó los daños, valoró las pérdidas y resolvió la cantidad a indemnizar, todo un récord de agilidad burocrática inaudito en cualquier administración pública.
Fuente de esta noticia:
http://www.elheraldodelhenares.es/pag/noticia.php?cual=8981
COMENTARIO DE LA PLATAFORMA CIUDADANA VERTELEMADRID:
Por esta noticia que acabamos de publicar, por el caso de la "censura" a Telemadrid durante más de cinco meses, y por otros muchos casos que iremos publicando en esta web, te pedimos que nos ayudes a dar un buen escarmiento a los políticos en general, y a Barreda y sus "complices" en particular, para que todos aprendan que no pueden gobernar de espaldas al pueblo, que democracia no significa sólo ir a votar cada cuatro años. El significado etimológico de la palabra democracia es "poder del pueblo", y los ciudadanos tenemos que recuperar ese poder que ha sido "secuestrado" por la "casta política".
Es necesario para la buena salud democrática de Castilla La Mancha que el póximo 22 de mayo, no votemos a Barreda y a sus cómplices, que votemos a cualquier otra de las muchas opciones democráticas que hay, y de forma especial a aquellas que se han mostrado claramente en contra a la "censura" que Castilla La Mancha ha ejercido durante más de cinco meses sobre Telemadrid. La Junta de Comunidades y el Parlamento Regional necesitan savia nueva y renovada, aires nuevos y limpios, que ventilen bien unas instituciones que llevan 30 años sin renovarse. Muchas gracias por tu colaboración. Ahora más que nunca el poder tiene que ser del pueblo, como dice la palabra "DEMOCRACIA".
Por todo esto, primo Antonio, recuerda que el 22 de mayo tenemos que ir a votar, pero no lo hagas por Barreda y sus cómplices, hazlo por cualquiera de las otras candidaturas. Nosotros queremos seguir siendo castellano manchegos, pero queremos vivir igual de bien que viven en Madrid. Pásalo, para que se entere todo el mundo...
