Para el PP, "el comportamiento cobarde, timorato y represor de Barreda se asemeja a los de regímenes dictatoriales que basan su política de comunicación en silenciar a los medios que no piensan como él, así como en la amenaza y el chantaje".
Según la portavoz del PP de Castilla-La Mancha, "esta manía persecutoria de Barreda a la televisión de la comunidad vecina puede deberse a que no tiene forma de impedir que llegue la señal a su domicilio de la céntrica calle Arenal, de la capital de España, donde vive, y por eso quiere impedir que los ciudadanos a quienes él tele-preside desde Madrid puedan ver un canal de televisión más".
La senadora popular ha asegurado que "desde el punto de vista político y social" considera "indecente y perverso que un Gobierno con fines de censura política impida a miles de ciudadanos ejercer la libertad de elección de canal y que puedan seguir disfrutando de unas emisiones gratuitas que vienen a poner un poco de pluralidad informativa y libertad de expresión al asfixiante panorama informativo del régimen de Barreda",.
Por ello, ha considerado que "el daño que se está causando a miles de familias es irreparable, ya que habían instalado antenas y receptores para captar la señal".
Según la senadora popular, tanto Barreda como Piedrabuena vienen aplicando en el tema de las comunicaciones la "ley del embudo, restricciones durísimas a Ayuntamientos y particulares sobre emisiones alegales, obligando a cerrar sus televisiones con amenazas de multas entre 500.001 a 1.000.000 de euros y permitiendo que empresas como Telecom, siga emitiendo durante 124 días sin sanción no control".
"AMENAZAS,
Presiones e intromisiones"
Riolobos ha asegurado quedirigentes socialistas "se han servido de propaganda de la Junta de Castilla-La Mancha para amenazar a medios de comunicación libres, tal y como quedó demostrado que hizo el secretario de Organización, José Manuel Caballero, con una revista semanal toledana, sin que la directora general de Comunicación de la Junta, Mercedes Pastor, haya comparecido en las Cortes de Castilla-La Mancha como lleva pidiendo el PP desde el mes de junio de 2010".
Asimismo, ha precisado que "son muchas las intromisiones que realiza el Gobierno de Barreda en la labor de los medios de comunicación, a base de llamadas telefónicas a sus máximos responsables, con la amenaza de retirar la publicidad institucional si no siguen sus dictados, tal y como nos están reconociendo decenas de periodistas".
Los alcaldes, CÓMPLICES
Para Riolobos, además de Barreda, el alcalde de Toledo, Emiliano García Page, y el alcalde de Cabanillas del Campo en Guadalajara, Jesús Miguel Pérez, ambos socialistas, son "cómplices de la ilegalidad reconocida por el Ministro de Industria, Turismo y Comercio de las emisiones, al permitir que en suelo municipal y sin licencia Telecom haya instalado emisores no autorizados por orden de Barreda, emisores que dañan los intereses y la libertad de elección de canal de sus vecinos".
Asimismo, ha destacado que los alcaldes "deben hacer" que se cumpla la Ley y los requerimientos del Ministro de industria, ya que para Barreda y su Gobierno la Ley se aplica solo a los demás.
En ese sentido, ha recordado que tras "cientos de denuncias" por parte de vecinos de ambas provincias, expertos en telecomunicaciones, detectaron dos emisores piratas en el canal 63 en Cabanillas del Campo y en Toledo, colocados en torretas propiedad de Telecom que, ha informado, está presidida por Petra Mateos, participada en un 45 por ciento por el Gobierno de Barreda, un 35 por ciento por Teleseñal y en un 20 por ciento por Caja Castilla La Mancha Corporación.
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