En esa misma moción, el Grupo Popular pedirá al pleno de la corporación que el Ayuntamiento de Guadalajara inste al Presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, para que curse las órdenes oportunas a la Dirección General para la Sociedad de la Información y las Telecomunicaciones, dependiente de la Consejería de la Presidencia y Administraciones Públicas, para la apertura del correspondiente expediente sancionador a dicha mercantil. Se insta también a los ayuntamientos de Cabanillas del Campo y de Toledo a que abran por su parte otro expediente sancionador a TELECOM CASTILLA-LA MANCHA, S.A., por la instalación en dichos municipios de nuevos equipos en las torres de telecomunicaciones, ubicadas en suelo cedido por dichos ayuntamiento, sin la preceptiva licencia municipal.
Tal y como señala Juan Antonio De las Heras, portavoz del Grupo Municipal Popular, la presentación de esta moción se produce después que en el pleno del Senado del pasado 18 de enero, la senadora del Grupo Parlamentario Popular, Carmen Riolobos, formulara una pregunta oral al Ministro de Industria, Turismo y Comercio sobre dicha problemática, concretamente: “¿Ha autorizado el Gobierno de España a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a emitir en el múltiplex 63, adjudicado a Telemadrid, en las provincias de Guadalajara y Toledo?”. La respuesta de Sebastián fue:
“No, no hemos autorizado dichas emisiones y efectivamente el Ministerio ha detectado dos emisiones ilegales en el mútiplex 63 en las provincias de Guadalajara y Toledo, concretamente en Cabanillas del Campo y en el Cerro de los Palos en Toledo y en aras de la legalidad, emitirá un segundo requerimiento para que cesen esas emisiones ilegales”.
Según De las Heras, “las emisiones piratas de TELECOM CASTILLA-LA MANCHA S.A. tienen como objetivo interferir la señal que, por desbordamiento, llega a todos los municipios de Castilla-La Mancha, colindantes con la provincia de Madrid, provocando un “fundido en negro” de la señal de Telemadrid, lo que supone, además de una emisión ilegal, un palmario intento de censura política y del acceso a la pluralidad informativa y libertad de expresión”.
El portavoz popular señala que TELECOM CASTILLA –LA MANCHA S.A. “tiene poco de anónima y mucho de sectaria, dado que en su accionariado está la propia Comunidad Autónoma con un 40% y la extinta Caja Castilla-La Mancha, con un 20%. Es decir, está mayoritariamente participada por el poder mediático de Barreda”.
Recuerda también que esta situación ha provocado un malestar ciudadano generalizado, dado que dicha invasión impide recibir en los televisores la señal de Telemadrid, canal que llevaba viéndose desde hace décadas.
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