Una de las esencias de la democracia, un valor social, un principio político básico en un Estado de derecho y un derecho constitucional reconocido es el de la libertad de información. Manipular el repetidor de Cabanillas para que no se vea Telemadrid en el entorno de Guadalajara es, por tanto, atentar contra una esencia democrática, pisotear un valor social, menoscabar un principio político y contravenir un derecho reconocido en el artículo 20 de nuestra Constitución, recientemente celebrada, por cierto, con la primera declaración de un estado de excepción, en 32 años de vida, y mientras ese artículo se lo saltaban a la torera los mandamases de “Telecom Castilla-La Mancha S.A”, una empresa participada en un 40 por ciento por la Junta, un 35 por ciento por la mercantil “Teleseñal” y un 20 por ciento por CCM, o lo que Hernández Moltó ha dejado de ella. Con ese reparto accionarial, es evidente que el control de la empresa lo detenta la Junta y, por ende, el político, el PSOE, algo que todavía resulta más palmario si tenemos en cuenta que la presidenta de esta sociedad es Petra Mateos-Aparicio, persona muy cercana a Bono y que fue presidenta de Hispasat por nombramiento directo suyo cuando el expresidente de la Junta era Ministro de Defensa. Del consejo de administración de esta empresa también forman parte pasados y/o actuales altos cargos de la Junta, como Rafael Ariza, uno de los Directores Generales de la Consejería de Industria, Eloy Rodríguez, Secretario General de la Consejería de Presidencia, o Manuel Laguna, Secretario General de la Consejería de Obras Públicas, entre otros. Con estos datos, queda patente que “Telecom Castilla-La Mancha”, aunque jurídica y formalmente sea una Sociedad Anónima, es una empresa controlada por el gobierno regional que, por cierto, de manera sonrojante, pomposa y falaz, se presenta en su página web “como una operadora regional de telecomunicaciones globales que garantiza el acceso y difusión de las nuevas tecnologías a todos los ciudadanos y empresas de esta Comunidad Autónoma”.
Aunque nadie ha dado una explicación convincente del por qué se nos está hurtando a los ciudadanos del entorno de Guadalajara la posibilidad de sintonizar Telemadrid en nuestros televisores, parece evidente que lo que el gobierno de Barreda ha pretendido, utilizando a “Telecom CLM” como medio para conseguirlo, es que aquí no se pueda ver la televisión pública de la comunidad madrileña –no nos olvidemos, gobernada por el PP-, que es lo mismo que tratar de poner puertas al campo y empecinarse en levantar muros separadores entre comunidades autónomas, algo que en el caso concreto de Guadalajara lleva al delirio pues, para ir a Toledo, tenemos que pasar, necesariamente, por Madrid si no queremos hacer “tropecientos” kilómetros y, además, por carreteras comarcales, a falta de que la “autopía de la Alcarria” sea operativa, algo que Bono anunció que sucedería en 2008, curiosamente en Televisión de Castilla-La Mancha, cuando aún era el presidente regional. No me cabe la menor duda de que el horizonte, ya próximo, de las elecciones autonómicas y locales de mayo de 2011, ha condicionado esta decisión de censurar la señal de Telemadrid pues, está claro, que a Barreda y los suyos les interesa más que los ciudadanos de Castilla-La Mancha veamos “su” televisión, antes que “la de” Esperanza Aguirre, cuando hasta ahora y como es lógico, en las zonas limítrofes entre ambas comunidades, se podían ver indistintamente Castilla-La Mancha TV y Telemadrid, eligiendo cada "quisque" la que le venía en gana, no sólo entre ellas, sino entre el conjunto de los canales de televisión a los que se tenía acceso.
El Ayuntamiento de Cabanillas, regido por un alcalde socialista, se ha desmarcado de la interferencia de la señal de Telemadrid y ha criticado el hecho. Por su parte, el Senador del PP por Guadalajara y teniente alcalde de la capital, Juan Antonio de las Heras, ha remitido sendos escritos a Telecom CLM -obteniendo la callada por respuesta, de momento-, y otro a la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones -en el que se le comunica que le facilitarán próximamente la información solicitada– y ha anunciado que podría llevar a cabo próximas actuaciones ante las instituciones europeas, garantes de la libre competencia. Por su parte, desde Izquierda Unida, “a pesar de estar en las antípodas ideológicas de la línea editorial de Telemadrid”, han expresado “su más firme compromiso con la libertad de expresión, y esperan que la justicia dirima las responsabilidades que correspondan y que la señal de Telemadrid vuelva a llegar a los hogares alcarreños”. El Partido Castellano (PCAS) también se ha posicionado en el mismo sentido. Al menos hasta el momento, desde el PSOE no se ha hecho oficialmente ninguna valoración sobre el asunto. O sea, callan. Y, por tanto, otorgan.
No voy a entrar en si “Telebarreda” es mejor que “TeleEspe”, o viceversa, que ese es otro cantar y, para gustos, están los colores; lo que no quiero, como dijo Marx (Groucho, por supuesto) “es renunciar a la deliciosa libertad de equivocarme”. En este caso, eligiendo el canal de televisión que me venga en gana.
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